En materia de apego a las sentencias y medidas dictadas por la CIJ, Nicaragua le está recetando a Costa Rica lo que Colombia le está recetando a Nicaragua

Atrapados entre vecinos

En cuestión de pocos días, la (des)administración de la Presidente Laura Chinchilla Miranda ha caído en dos trampas. Una tendida por nuestro vecino más incómodo, Nicaragua, otra en respuesta a una invitación de Colombia.
En el caso de Nicaragua, la administración Chinchilla Miranda se concentró en las amenazas retóricas de Ortega sobre Guanacaste aunque no tengan ningún asidero jurídico y ningún futuro en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Entretanto, la administración descuidó el frente que realmente importa: la desembocadura del río San Juan. En espacio de unas semanas, Nicaragua excavó dos canales artificiales en territorio costarricense con el fin de abrir una segunda desembocadura más al sur sin que nadie se percatara. Este nuevo atropello a nuestra soberanía nacional revela la ausencia, a estas alturas, de coordinación alguna entre los ministerios y demás entes responsables y la carencia de los más elementales mecanismos de monitoreo de un área que fue invadida y ocupada por Nicaragua ya en 2010.
En el caso de Colombia, aún dolida y afectada por el fallo adverso de la CIJ del pasado 19 de noviembre 2012 en torno al caso Nicaragua c. Colombia, el Presidente Juan Manuel Santos ha declarado el fallo en mención “no aplicable”. Esa es una decisión soberana sobre la cual no pretendo emitir criterio. Lo que sí es de lamentar es la intención de la administración Chinchilla Miranda de solidarizarse con Colombia contra el expansionismo de Nicaragua justo cuando Bogotá anuncia su desacato a las sentencias de la CIJ. Para un país comprometido con el derecho internacional, esta alianza más que inoportuna con Colombia le puede salir muy cara a Costa Rica.
En respuesta a la agresión territorial perpetrada por Nicaragua en Isla Portillos pocos meses después de inaugurada la administración Chinchilla Miranda, Costa Rica apostó a dirimir ese conflicto por la vía del derecho internacional en general y la CIJ más específicamente.
A pesar de múltiples errores, omisiones y demás cometidos por el actual gobierno, el fallo, en lo que respecta a la soberanía de Costa Rica sobre Isla Portillos/Isla Calero, difícilmente resultará adversa.
No obstante, es un contrasentido enemistarse con la CIJ apoyándose en Colombia cuando su conducta de desacato de la CIJ es similar a la conducta que la administración Chinchilla Miranda le ha reprochado a Nicaragua en más de 20 cartas de protesta y contando.
En materia de apego a las sentencias y medidas dictadas por la CIJ, Nicaragua le está recetando a Costa Rica lo que Colombia le está recetando a Nicaragua. En esa triangulación infernal, la que más pierde es Costa Rica.
Hace pocos días el Canciller Enrique Castillo declaró ante la Asamblea Legislativa “que en este conflicto estamos solos”. Eso es lamentable, pero entre estar solos y mal acompañados, no me cabe duda que el mal menor es la insoportable e imperdonable soledad en la que nos ha dejado este (des)gobierno.

Bruno Stagno Ugarte

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