CHISPORROTEOS

Alberto Cañas [email protected] | Sábado 04 julio, 2009

CHISPORROTEOS

La polémica sobre la supervía a Caldera y sus efectos sobre los pobladores de Ciudad Colón y Santa Ana, (que tendrán que pagar fuertemente por utilizarla, o seguir usando “el camino viejo” como buenos pobres) nos vuelve a plantear el tema de la progresiva privatización de los servicios en nuestro país, que cada vez tienden más a ser un negocio (lícito, es cierto, pero mis puntos de vista tienden más bien a ser éticos) de alguien.

El sistema de carreteras que cubrió la parte central de nuestro país a partir del segundo período de don Ricardo Jiménez, fue construido por el gobierno, con algunas excepciones como la vía al volcán Irazú, que fue hecha por una empresa privada nacional (don Francisco Jiménez Ortiz) con magníficos resultados como es público y notorio, pero sin que pasara a ser propiedad del constructor.

Pero desde hace alrededor de 30 años (me atrevo a afirmar que desde que el gobierno de Oduber construyó (estupenda hazaña) la carretera Braulio Carrillo, y el de Carazo la circunvalación de la capital, sin decir “agua va” el Ministerio de Obras Públicas archivó y probablemente permitió que se herrumbraran sus herramientas, y años después descubrió la fórmula de las concesiones y se sacó de la manga la actual, horrenda ley sobre ellas, según la cual prácticamente todo debe concesionarse, y el Ministerio como tal se limita a vigilar (o a corromperse, vaya usted a saberlo).

Y el país que hace 100 años construía con fondos propios e ingenieros propios los 116 kilómetros del Ferrocarril al Pacífico y que cruzó de carreteras la parte central de su territorio, y construyó con fondos propios el aeropuerto que hoy reconstruyen y la planta de La Garita y todo lo que a ustedes se les ocurra, ahora se limita a buscar quien le haga las cosas y cobre por ellas (aunque ni siquiera tenga financiación pues, como ocurrió con los del aeropuerto, piden plata a la banca nacional que acaso pudo dársela al gobierno si éste hubiera tenido ganas de emprender la obra, o dedicarla a financiar a pequeños empresarios nacionales).
Y eso de vigilar se lo dejo para otro día, pues basta pronunciar la palabra aeropuerto para darse cuenta de la total ineficiencia, desinterés e inutilidad del otrora celebrado MOPT.

Ustedes tal vez recuerden el precioso incidente que presenciamos cuando en la reconstrucción de la vía férrea San José–Heredia que emprendió don Miguel Carabaguíaz desde el Instituto de Ferrocarriles (o como se llame ahora lo que hace cien años se llamaba Ferrocarriles de Costa Rica), apareció algún daño en un lugar de la vía, e inmediatamente salió el inefable MOPT a decir que había que contratar una empresa extranjera que hiciera la reparación. Una empresa extranjera para reparar lo que 130 años antes construyó el gobierno de Tomás Guardia con martillos, desatornilladores y peones locales. Por supuesto, Carabaguíaz hizo la reparación. Raro que no lo destituyeran, digamos que por desobediente.

Pero ahora, cuando ya terminó por fin la obra y esperábamos contar con el tren de Heredia, surge alguien a decir que la vía, la trocha, los durmientes, los rieles o las locomotoras le perjudican. Por supuesto, le perjudicaban desde los tiempos de Tomás Guardia, pero le apareció algún especialista en el “aquídice”, y a meter un recurso para paralizar lo que tanto ha costado. ¿Por qué esperó a que la obra estuviese lista? Pues porque si no se espera no habría tenido ninguna gracia. Y si pierde el recurso, ¿no deberían condenarlo a pagar daños y perjuicios? En un país civilizado sí.

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