Corte plena decidirá si se justifica levantar inmunidad a Rodrigo Chaves
Delito se castiga con una pena carcelaria de hasta ocho años de prisión
Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 16 mayo, 2025 08:09 a. m.
Tras varios meses de análisis, el informe en torno a la acusación penal en contra del Rodrigo Chaves por el supuesto delito de concusión está listo y corresponderá a la Corte Plena, analizar si procede con el trámite de levantamiento de inmunidad del mandatario.
Al ser un integrante de los supremos poderes, el caso fue analizado de manera directa por un magistrado, quien analizó los documentos y pruebas que presentó Carlo Díaz, fiscal general.
Ahora, corresponderá a los 22 magistrados de la Corte analizar lo que señala el informe y tomar una decisión.
En caso de encontrar dudas razonables, podrían votar la petición del Ministerio Público como positivo y pedirle a la Asamblea Legislativa que proceda con el levantamiento de la inmunidad, lo cual, impide que el presidente sea juzgado penalmente.
“El expediente consultado ya fue remitido por la Sala de Casación Penal a la Secretaría General de la Corte, con el informe solicitado, para conocimiento de Corte Plena. Ya verificamos, y el expediente ingresó a la Secretaría para el trámite correspondiente”, confirmó la Corte.
¿De qué se trata?
El presidente de la República y Jorge Rodríguez, ministro de cultura, fueron acusados formalmente por la Fiscalía por el presunto delito de concusión.
Dicho delito, cuya pena oscila entre dos y ocho años de prisión, castiga al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para sí mismo o para un tercero.
La investigación, se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A por un monto superior a los $400 mil.
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Esta empresa habría prestado servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública para Casa Presidencial, entre 2022 y 2026.
Según la Fiscalía, el presidente Chaves y el ministro Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli Rojas a entregar un beneficio económico indebido al también imputado Federico Cruz Saravanja, asesor personal y amigo íntimo del presidente.
El beneficio en cuestión alcanzaría los $32.000, destinados a la compra de una vivienda.
El Ministerio Público sostiene que la operación fue orquestada desde Casa Presidencial, donde se celebraron reuniones previas a la contratación, en las que los imputados instruyeron a Bulgarelli para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato, en aparente contravención a los principios de legalidad y transparencia en la contratación pública.
La Fiscalía aplicó a Bulgarelli un criterio de oportunidad, contemplado en el artículo 22 del Código Procesal Penal, lo que significa que, a cambio de colaborar con la investigación, no será procesado de momento.
Como parte de un supuesto concurso público amañado, el productor audiovisual Christian Bulgarelli confesó ante la Fiscalía que, por instrucción del presidente, realizó un depósito de $32 mil a favor del exasesor presidencial Federico Cruz.
Los dineros provenían de una ayuda técnica no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica.
