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Martes, 7 de abril de 2026



EDITORIAL


El fruto de las patentes de licores

No es válido que un ayuntamiento multiplique sus ingresos desmereciendo la seguridad, bienestar, salud, paz y moral del municipio

Redacción La República [email protected] | Lunes 30 agosto, 2010


Editorial


Se ha hablado en días recientes sobre una industria que se desarrolla al margen de la ley, en torno a las patentes de licor.

Se argumenta, y con razón, que los gobiernos locales perciben sumas exiguas mientras expendedores de licor y propietarios de patentes usufructúan un negocio millonario.

Todo ello, al alero de una base legal anacrónica que data de 1936. Se propone resolver tal inequidad cobrando un impuesto a la utilidad, entre otras medidas.

El problema requiere, sí, soluciones urgentes; pero un enfoque meramente pecuniario no puede permitir que se soslayen otros factores aún más importantes en lo que se refiere a la concesión de licencias para venta de licores.

No es válido que un ayuntamiento multiplique sus ingresos desmereciendo la seguridad, bienestar, salud, paz y moral del municipio.

Es conocido, por ejemplo, el efecto directo que producen la venta y consumo de alcohol en la cantidad de agresiones entre la ciudadanía, a lo interno de los hogares e incluso en maltrato infantil.

La publicidad de bebidas alcohólicas en una comunidad alcanza un impacto desmesurado con el transcurso del tiempo, especialmente cuando los anuncios están en áreas donde pasan o se reúnen los jóvenes.

Un exceso de patentes, por más tributos que generen, contribuye a la desintegración social y económica de la población.

La alta densidad de bares en un vecindario reduce las oportunidades de progreso para los actuales y futuros negocios, y por tanto precipita la declinación económica.

Las autoridades comunales deben responsabilizar a dueños de expendios de licor por las consecuencias indeseables de su negocio, como actos delictivos, basura, vagabundería, graffiti, agresiones y otros.

Es necesario que se autorice y aplique mayor rigor para revocar patentes cada vez que se compruebe que un negocio de este tipo ocasiona problemas a la comunidad.

En fin, cualquier comerciante o autoridad que lucre con patentes para la venta de licores, tiene el deber de promocionar la moderación en el uso y consumo de estas bebidas.






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